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Consumidores dominicanos han pagado más por sobreprecios de productos subastados.

Entre el 2012 y el 2020 los consumidores han pagado más de RD$100 mil millones por sobreprecios de los productos subastados, de acuerdo con el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana (Conacerd).

Por esa razon, Conacerd solicita al presidente de la República, Luis Abinader, derogar el Decreto 569/12, que transfiere los productos de la Rectificación Técnica de la lista XXlll de la Organización del Mundial del Comercio (OMC), para ser subastados, lo que a su entender ha dejado un sabor amargo a los consumidores.

El vicepresidente ejecutivo y secretario general de Conacerd, Cruz Rojas, se expresó en esos términos al realizar un análisis comparativo de los precios a que se compraban los productos de la lista XXlll de la OMC.

“Es decir, ajo, arroz, azúcar, habichuelas, leche en polvo, carnes de pollo, cebollas y maíz, antes de la emisión del Decreto 569/12, disparándose los costos de estos rubros en más de un 600 % de sus precios producto de las subastas, en perjuicio de la clase más desposeída, por ser estos de muy alto consumo, sobre todo, en los sectores populares”, expresó el ejecutivo.

Cruz Rojas plantea al presidente Luis Abinader que el Decreto 569/12 sea derogado, bajo el argumento de que el mismo no cumplió su cometido para lo que fue emitido.

El empresario entiende que se debe emitir un nuevo decreto que incluya la variable siguiente: “Que si los productos de la lista XXlll de la OMC van nuevamente a subastas públicas, nunca el tope de las pujas sea mayor que el valor del arancel de la nación más favorecida, negociado por nuestro país para cada producto.

Agrega que,Conacer solicita al presidente Luis Abinader que los recursos generados por las subastas sean enviados a la Tesorería Nacional y esta a su vez, los destine a los programas de desarrollo que presenten los productores, las federaciones, los consejos y las asociaciones de comerciantes.

Expresó que estas organizaciones para participar de esos recursos, deberán presentar al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y a la Dirección General de Aduanas (DGA), organismos rectores para la importaciones agropecuarias, programas presupuestados que vayan en favor de formalización de esas mipymes para que sean más competitivas.

Cruz Rojas dijo a este medio de comunicación: “Debemos tomar las palabras a Luis Abinader, el cual está dando señales de que quiere hacer un gobierno justo, equitativo y transparente, por lo que sugerimos que la Tesorería Nacional al recibir los recursos de las subastas, los deposite en una cuenta solo para eso”.

Asimismo, sugirió “que establezca los controles para el manejo y asignación de esos fondos, los cuales deberán ser asignados a las organizaciones que den muestra de que su interés es apoyar la gestión de este gobierno, lo que debe ser una colaboración de todos. Si la administración es frutífera para el gobierno, todos nos beneficiamos”.

Conacerd sugiere, además, al presidente Luis Abinader que en el nuevo decreto se haga constar que un 50 % de los productos de la lista XXlll de la OMC sean asignado al comercio organizado, libre de subasta, cuyos recursos generado sean utilizados para la formalización de las mipymes;

Propone que se incluya dentro del nuevo decreto una comisión de asesores, compuesta por seis miembros, dos del comercio organizado, dos de los importadores y dos de los productores, que tendrán funciones de veedores y servirán de asesores de la comisión de Importadores de los productos agropecuarios.

El vicepresidente ejecutivo de Conacerd, también, sugirió que en un nuevo decreto para el manejo de los productos de la lista XXlll, sea revisado el tiempo de vigencia del Acuerdo de Asociaciones Económica (AAE), mejor conocida como acuerdo EPA, firmado el 10 de octubre del 2008 con la Unión Europea para la importación de leche en polvo.

Del mismo modo, Cruz Rojas pidió revisar la asignación de los azucares a importar, previsto en el Decreto 569-12, por escasez. En este caso Conacerd propone que la distribución sea más justa y equitativa. Sugiere el 40% de los azúcares para los productores de azúcar, 30 % para subasta y 30 % al comercio organizado libre de subastas.

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