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Un Golpe errado.

ELI HEILIGER

Le quedo corta a Víctor Grimaldi la denuncia de una conspiración, orquestada por “intereses egoístas locales y transnacionales”, para producir desórdenes a partir del mes de agosto y deponer al gobierno del presidente Danilo Medina.

Ni siquiera  las “bocinas”, como se definen los defensores pagados que tiene el gobierno en la radio y televisión, coincidieron en avalar la rocambolesca denuncia del embajador dominicano ante la Santa Sede.

El globo de ensayo no logró su objetivo de dar un poco de oxígeno al gobierno que pasa por un uno de sus momentos más difíciles con el cuestionamiento de diversos sectores del país, por las denuncias de corrupción e impunidad que afectan a la administración pública.

El objetivo de Grimaldi era sacar del debate nacional la denuncia que hizo el Partido Revolucionario Moderno con la diputada Faride Raful a la cabeza en el sentido de que exige una investigación por el pago de 1300 millones de pesos de parte del gobierno al publicista brasileño Joao Santana, quien está preso por  corrupción en Brasil.

Pero la exigencia de justicia, del cese de la impunidad entró en un proceso irreversible por el hecho de que cada día se suman más personas y  las estrategias del gobierno para acallar esas demandas no tienen resultados positivos.

Por suerte el director del Departamento de Nacional de Investigaciones, almirante retirado Sigfrido Pared Pérez, negó que exista un plan para dislocar el orden constitucional.
No se puede descartar que la denuncia de Grimaldi también busque acusar al sector del partido oficial que adversa a Danilo Medina en la lucha por la nominación presidencial, como el que preside el  ex presidente Leonel Fernández

Otros dirigentes del partido oficial acusan a ex generales de las Fuerzas Armadas supuestamente ligados a Fernández  de estar interesados en provocar la rotura del orden constitucional. No hay que ser un sabio para determinar que Grimaldi erró con su denuncia y que los dominicanos seguirán demandando el cese de la impunidad y pulcritud en el manejo de los recursos públicos.

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